Dictadura cubana preve incluir 37 nuevos delitos en el nuevo anteproyecto de código penal. Uno de ellos es la pena de muerte.

Vista de una sesión en la asamblea nacional de Cuba.

El Parlamento cubano analizará el próximo 14 de mayo el anteproyecto del Código Penal, que incluye sanciones de hasta tres años a quienes insulten a altos funcionarios públicos y prohíbe el financiamiento externo de medios de prensa (dígase recargas telefónicas a ciudadanos cubanos, remesas o ayudas familiares a disidentes, etc.)

La convocatoria, firmada por el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) y del Consejo de Estado, Esteban Lazo, cita a una sesión extraordinaria del órgano legislativo, que se reúne ordinariamente sólo dos veces al año y rara vez lo hace de forma extraordinaria.

En principio, estaba previsto que este instrumento jurídico, que no ha recibido tanta difusión mediática oficial como el Código de las Familias, se aprobara en abril en la Asamblea Nacional (parlamento unicameral).

El nuevo Código Penal, que sustituye al de 1988, incluye 37 nuevos delitos como el de “desórdenes públicos” para penalizar “las alteraciones de esa naturaleza producidas en grupos o individualmente”, según el sitio web oficial Cubadebate, aunque al parecer es un paso más para tratar de amedrentar a los jóvenes que salieron el 11 de Julio a las calles de Cuba pidiendo el fin de la Dictadura.

También prevé sancionar con hasta 10 años de prisión a toda persona que “apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros” de organizaciones no gubernamentales o instituciones internacionales que puedan ser usados para “sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional”.

Los medios independientes -todos ellos víctimas de la represión y persecución política- consideran que el régimen podría utilizar esta medida contra ellos, porque su viabilidad económica depende en gran medida de fondos extranjeros.

Las personas que obstaculicen las vías públicas de forma “peligrosa” u ocupen edificios podrían ser condenados con entre tres y ocho años de cárcel.

Las autoridades aseguran que la reforma del Código Penal busca actualizar la legislación para incluir delitos no regulados antes, como los relacionados con el medioambiente y la ciberseguridad.

La propuesta se actualiza a casi un año de las masivas manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio, las mayores en décadas, desatadas principalmente por la grave crisis económica que atraviesa el país.

Los diputados cubanos analizarán también el proyecto de ley de Ejecución Penal que, de aprobarse, agruparía por primera vez las resoluciones existentes en esa materia, explicó el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio, citado por el diario oficial Granma.

Aparentemente el Parlamento no sancionará ninguna ley durante esta sesión extraordinaria, pero si estudiará un Proyecto de Ley de Soberanía Alimentaria, Seguridad Alimentaria y Nutricional, así como una Ley General de Protección al Patrimonio Cultural y al Patrimonio Natural.

Entre otras iniciativas a ser estudiadas durante la jornada legislativa extraordinaria están un proyecto de Ley de Datos Personales, así como otro denominado Ley del Sistema de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente.

Según la convocatoria, se analizarán igualmente los proyectos de leyes de Ejecución Penal y de Amparo a los Derechos Constitucionales.

También se estudiará el nuevo Código de las Familias, que entre otros aspectos legaliza el matrimonio igualitario y otras formas de familias no tradicionales, y que ha sido refutado por iglesias y denominaciones cristianas, católica y protestantes.

(Con información de EFE y AFP)

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